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Las solicitudes de extradición activas son las que presenta el Estado mexicano a otro país, en donde se encuentra el prófugo de la justicia mexicana y que cuenta con un mandamiento judicial.
Las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.
En referencia al mismo hemos de decir que tiene un alcance limitado pues solamente se aplica a los twelve Estados que son parte del mismo[seven]. Y en segundo lugar, que tiene como fin la de permitir al ciudadano aceptar la extradición nada más practicarse su detención.
Después de la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el caso se remite al Poder Judicial para su revisión. El Poder Judicial determina si se cumplen todos los requisitos legales y si hay pruebas suficientes para justificar la extradición.
La falta de acuerdo de extradición entre dos países puede tener un impacto significativo en la cooperación internacional en materia de justicia.
Primeramente se le dará aviso al propio detenido y a su abogado de que va a producirse la entrega, con un plazo que generalmente será de unas dos horas.
Estos casos destacados ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta la justicia en la persecución de delitos transnacionales y plantean interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de cooperación jurídica internacional.
Además, el delito por el que se solicita la extradición debe ser considerado un delito en ambos países. Esto significa que el delito debe estar tipificado en las leyes de ambos países y que ambas jurisdicciones consideren el delito como un acto punible.
Las personas solicitadas tienen derecho a ser notificadas de la solicitud de extradición, a tener acceso a un abogado y a presentar pruebas en su defensa. Además, tienen derecho a apelar la decisión del juez si esta es desfavorable.
Esto puede permitir que los delincuentes se refugien en dichos países y eviten enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
Por su parte, la Ley de Extradición establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes de extradición para ser consideradas procedentes. Entre ellos, se encuentra la necesidad de que la conducta por la que se solicita la extradición sea considerada un delito tanto en el país solicitante como en Guatemala.
La extradición es un proceso complejo que involucra a diferentes países y sistemas legales, por lo que se deben seguir procedimientos muy específicos this company para garantizar que se respeten los derechos de la persona que se va a extraditar.
En caso de que no exista tratado de extradición entre el país solicitante y España, se puede conceder la extradición siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como que el delito sea considerado grave en ambos países o que la persona en cuestión sea nacional del país solicitante.
En Croacia, la ley de extradición se actualizó en 2018 para mejorar el proceso y garantizar una mayor protección de los derechos humanos de los sospechosos y acusados. La nueva ley establece un proceso más transparente y justo para la extradición, y también garantiza que las personas que sean extraditadas no sean sometidas a tortura, tratos inhumanos o degradantes, o a la pena de muerte.
